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Las relaciones entre sindicatos que representan a trabajadores y propietarios y empresas son generalmente gestionadas o debatidas en ámbitos gubernamentales o en ámbitos de negociación que el gobierno de turno debe supervisar o coordinar.
Es además, el estado representado por el gobierno de turno electo democráticamente el que decide en última instancia cuando las partes no logran acordar sus posturas en los respectivos ámbitos de negociación.

Lamentablemente se va a depender de la postura ideológica del gobierno actuante en ese período histórico para que estén garantizados los derechos de los más débiles que son en este caso los trabajadores. También se debe garantizar una seguridad jurídica para el empresario y el inversor que arriesga su capital y crea oportunidades de trabajo además de generar divisas para el estado en función de los impuestos que paga y de la producción que genera dependiendo del rubro claro.

Muchas veces sucede que no hay acuerdos entre las partes llegándose a instancias judiciales a fin de determinar quienes han tenido la razón o se decide por parte del gobierno. En este caso nos referimos a un caso que ha tenido lugar en una planta industrial situada en Catalunia, más precisamente de la empresa de automóviles española Seat.

El gobierno finalmente ha decidido darle la razón a los trabajadores en virtud de una resolución que la empresa había tenido que se relacionaba a lo que consideraba había perjudicado a la productividad de la empresa, las huelgas realizadas por los trabajadores. Sin embargo, los empleados fueron respaldados por la resolución del gobierno catalán y los empresarios anunciaron que van a apelar esta decisión. Consideran que es contradictoria con una resolución similar del año 1997.
De esta forma el estado queda rehén de decisiones anteriores que en definitiva dejan al desnudo que no existen políticas claras y estrategias de país más allá de ideologías o cuestiones partidarias, aunque claro está, esto es muy complejo de realizar y separar.

Fuente: 20minutos